por Sandra Guimenez*
A mediados de 2009, el gobierno nacional dispuso el lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja. A través de éste se pretende alcanzar inclusión social por medio de la generación de trabajo, para lo que las personas interesadas deben conformar cooperativas mediante las cuales desarrollan distintas obras en las localidades donde residen y a cambio de lo cual obtienen un ingreso mensual, para lo que además reciben capacitaciones en oficios. Lógicamente, un programa de tales características y con pretensiones de cobertura muy amplias atraviesa diversos avatares en el transcurso de su implementación:
1 Porque queda población sin cubrir.
2 Porque algunos mecanismos de funcionamiento pueden no ser claramente comprendidos o distorsionados en el ámbito micro.
3 Porque su cobertura no llega a ámbitos territoriales y políticos que lo reclaman.
Todos ésos y otros elementos se constituyen en aspectos negativos que alcanzan para obnubilar todo lo positivo que el programa posee. Hay aspectos positivos que se desconocían y que se pueden encontrar en visitas e intercambios con los trabajadores que hoy ya forman parte de él. Vale la pena compartir algunos de esos elementos, que son poco o deficientemente comunicados por las propias autoridades que lo llevan adelante.
En primer lugar, resalta el hecho de que el programa está planteado desde una perspectiva que ex profeso pretende alejarse del formato de “programas enlatados” que se implementaron a lo largo de la década de los noventa. Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el territorio.
La flexibilidad está asociada con facilitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos permitan incluir a la mayor cantidad de personas, en las mejores condiciones posibles y que posibiliten alcanzar los objetivos del programa. Ello no implica actuar por fuera de lo legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo (por ejemplo, en la AFIP), las autoridades avanzan en ese sentido.
En segundo lugar, sobresale el hecho de que el programa posibilita, además de lo ya dicho, el acceso a una cobertura de salud tanto para el titular como para su grupo familiar. En algunas de las recorridas que tuvimos la oportunidad de realizar a distintas localidades del conurbano, se pudo comprobar que cientos de las personas que ya se incorporaron o están en camino de hacerlo son jóvenes –muy jóvenes– que no han podido cumplimentar sus estudios secundarios e incluso primarios. Son jóvenes que se incorporaron muy tempranamente a empleos informales y mal pagos, y que también muy tempranamente han conformado sus propios hogares. Así, a partir de su inclusión en el Argentina Trabaja, estos jóvenes tan largamente postergados tienen la posibilidad de concretar su derecho a la salud.
Aquellas recorridas nos permitieron observar que las capacitaciones que reciben los trabajadores tienen un objetivo muy claro: dejar instalado que el dinero que reciben como ingreso les pertenece y que ninguna persona a título individual o en nombre de algún agrupamiento de tipo colectivo puede solicitarles un porcentaje de éste. Este hecho no es un dato menor, ya que apunta al corazón de mecanismos ampliamente vilipendiados y cuestionados por parte de distintos sectores de nuestra sociedad. Incluso, este hecho cobra más importancia aún si se toma nota de que algunas organizaciones (de la sociedad civil o gubernamentales de nivel local) se han sentido cuestionadas a sí mismas por la insistencia en esta indicación.
El nivel de implementación tiene siempre múltiples dificultades en su concreción. Quien haya participado alguna vez de la gestión sabe que esto indefectiblemente es así. Algunos objetivos y parámetros establecidos pueden no ser útiles, prácticos o lógicos cuando se topan con la persona de carne y hueso. Seguro hay mucho para mejorar, ampliar, cambiar, repensar, pero también hay mucho para ponderar positivamente
* Socióloga y Magister en Políticas Sociales, UBA. Docente de la Carrera de Sociología UBA. Investigadora del Instituto Gino GermaniUBA.
A mediados de 2009, el gobierno nacional dispuso el lanzamiento del Programa de Ingreso Social con Trabajo, conocido como Argentina Trabaja. A través de éste se pretende alcanzar inclusión social por medio de la generación de trabajo, para lo que las personas interesadas deben conformar cooperativas mediante las cuales desarrollan distintas obras en las localidades donde residen y a cambio de lo cual obtienen un ingreso mensual, para lo que además reciben capacitaciones en oficios. Lógicamente, un programa de tales características y con pretensiones de cobertura muy amplias atraviesa diversos avatares en el transcurso de su implementación:
1 Porque queda población sin cubrir.
2 Porque algunos mecanismos de funcionamiento pueden no ser claramente comprendidos o distorsionados en el ámbito micro.
3 Porque su cobertura no llega a ámbitos territoriales y políticos que lo reclaman.
Todos ésos y otros elementos se constituyen en aspectos negativos que alcanzan para obnubilar todo lo positivo que el programa posee. Hay aspectos positivos que se desconocían y que se pueden encontrar en visitas e intercambios con los trabajadores que hoy ya forman parte de él. Vale la pena compartir algunos de esos elementos, que son poco o deficientemente comunicados por las propias autoridades que lo llevan adelante.
En primer lugar, resalta el hecho de que el programa está planteado desde una perspectiva que ex profeso pretende alejarse del formato de “programas enlatados” que se implementaron a lo largo de la década de los noventa. Estos se denominaban comúnmente de esa forma en tanto establecían rígidamente los parámetros según los cuales la población beneficiaria debía ser seleccionada, los montos a financiarse, así como el tipo de prestaciones que podían brindarse. En oposición a ello, entonces, el programa se presenta como flexible en el quehacer cotidiano en el territorio.
La flexibilidad está asociada con facilitar que los mecanismos y procedimientos burocráticos permitan incluir a la mayor cantidad de personas, en las mejores condiciones posibles y que posibiliten alcanzar los objetivos del programa. Ello no implica actuar por fuera de lo legalmente establecido, sino revisitar los mecanismos preexistentes en distintas dependencias del Estado para generar una sincronía virtuosa entre el programa y las distintas instancias en que el Estado cristaliza sus intervenciones. Y si ello requiere introducir modificaciones nodales en dependencias que tienen injerencia directa e indirecta con el mismo (por ejemplo, en la AFIP), las autoridades avanzan en ese sentido.
En segundo lugar, sobresale el hecho de que el programa posibilita, además de lo ya dicho, el acceso a una cobertura de salud tanto para el titular como para su grupo familiar. En algunas de las recorridas que tuvimos la oportunidad de realizar a distintas localidades del conurbano, se pudo comprobar que cientos de las personas que ya se incorporaron o están en camino de hacerlo son jóvenes –muy jóvenes– que no han podido cumplimentar sus estudios secundarios e incluso primarios. Son jóvenes que se incorporaron muy tempranamente a empleos informales y mal pagos, y que también muy tempranamente han conformado sus propios hogares. Así, a partir de su inclusión en el Argentina Trabaja, estos jóvenes tan largamente postergados tienen la posibilidad de concretar su derecho a la salud.
Aquellas recorridas nos permitieron observar que las capacitaciones que reciben los trabajadores tienen un objetivo muy claro: dejar instalado que el dinero que reciben como ingreso les pertenece y que ninguna persona a título individual o en nombre de algún agrupamiento de tipo colectivo puede solicitarles un porcentaje de éste. Este hecho no es un dato menor, ya que apunta al corazón de mecanismos ampliamente vilipendiados y cuestionados por parte de distintos sectores de nuestra sociedad. Incluso, este hecho cobra más importancia aún si se toma nota de que algunas organizaciones (de la sociedad civil o gubernamentales de nivel local) se han sentido cuestionadas a sí mismas por la insistencia en esta indicación.
El nivel de implementación tiene siempre múltiples dificultades en su concreción. Quien haya participado alguna vez de la gestión sabe que esto indefectiblemente es así. Algunos objetivos y parámetros establecidos pueden no ser útiles, prácticos o lógicos cuando se topan con la persona de carne y hueso. Seguro hay mucho para mejorar, ampliar, cambiar, repensar, pero también hay mucho para ponderar positivamente
* Socióloga y Magister en Políticas Sociales, UBA. Docente de la Carrera de Sociología UBA. Investigadora del Instituto Gino GermaniUBA.
